La extradición pasiva (Ley 4/1985) se aplica con Estados no miembros de la UE; admite control gubernamental y un margen mayor para denegar la entrega por consideraciones políticas o humanitarias. La orden europea (Ley 23/2014) opera entre Estados miembros con un régimen simplificado, plazos breves (60+30 días) y motivos de denegación tasados. En la primera consulta lo revisamos en tu caso concreto.

La OEDE tiene plazos legales breves: 60 días desde la detención para resolver, prorrogables 30 días más (art. 54 Ley 23/2014). La extradición pasiva común es más larga: la fase judicial puede prolongarse varios meses y existe una fase gubernamental posterior que añade tiempo adicional. Lo determinamos en la primera valoración del expediente.

No. El art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe la entrega cuando hay riesgo de trato inhumano o degradante y el art. 6 cuando concurre riesgo grave de vulneración del derecho a un proceso equitativo. La defensa debe aportar prueba documental sobre el sistema procesal del Estado requirente. Antes de cualquier comparecencia, conviene revisarlo con el despacho.

Solicita inmediatamente asistencia letrada cualificada y abstente de prestar declaración hasta esa asistencia. La Policía Judicial está obligada a poner al detenido a disposición del Juzgado Central de Instrucción de guardia. La defensa en la primera comparecencia (dentro de las 72 horas) es decisiva. Si tienes un requerimiento similar, agenda una primera entrevista confidencial.

Sí. Asumimos procedimientos de cooperación internacional con clientes residentes en otros Estados. La coordinación con letrado local del Estado requirente o emisor es habitual y forma parte de la metodología del despacho. En la primera consulta te confirmamos si tu caso entra dentro de esa coordinación.